#ReformasParaEstarIgual #LeyChayote

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“Los recursos económicos de que dispongan el Gobierno Federal y el Gobierno del Distrito Federal, así como sus respectivas administraciones públicas paraestatales, se administrarán con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados…”

Por: Adrián Arévalo*

Mientras se desarrollaba el circo del primer debate presidencial entre quienes pretenden llevar las riendas de nuestro país, los que hoy tienen el control y mueven los hilos de este país hicieron sus blindajes y, como siempre, legislaron a modo ante cualquier eventualidad que se les pudiera presentar.

Particularmente hablaremos de lo que se conoce como #LeyChayote, que fue aprobada, en primera instancia, el pasado 10 de abril por la Cámara de Diputados, aunque posteriormente estuvo detenida tras una reunión de las comisiones unidas de Gobernación, Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos. Así llegamos a la madrugada del 26 de abril y los senadores, con 60 votos a favor, 46 en contra y una abstención, aprobaron la ley que busca regular la publicidad oficial que el sector público otorga a medios de comunicación, también conocida como #LeyChayote.

De esta manera, el Congreso cumple en tiempo la resolución de la Suprema Corte de Justicia, para que las dos cámaras federales cubrieran la omisión de dicha ley. Cabe mencionar que dicha legislación forma parte de aquella reforma política de 2014, año en que la #LeyChayote, debió ser expedida. El objetivo de la Ley es reglamentar el modelo de propaganda gubernamental y garantizar que el gasto destinado a esta materia cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Según los que saben, una prensa oficialista.

Esto necesita un buen análisis, pues en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) incluyó un módulo relativo a la percepción de prácticas corruptas en instituciones, públicas y privadas, incluidos los medios de comunicación. Dicho sondeo arroja que, como media nacional, siete de cada 10 personas mayores de edad, creen que la corrupción es constante en los medios de comunicación en sus estados. El porcentaje más alto se lo lleva la CDMX, donde el 81 por ciento de la población percibe que los medios de comunicación son corruptos y el más bajo es el estado de Coahuila con el 56 por ciento de la población. La lectura de estos datos es simple: en todo el país más de la mitad de la población cree que la corrupción es frecuente o muy frecuente en sus medios de comunicación.

Pero a todo esto ¿Qué dice la Ley? El dictamen de la Ley General de Comunicación Social determina que el mandato es válido para los tres órdenes de gobierno, poderes públicos, órganos autónomos, dependencias y entidades de la administración pública. ¿Quién regula la norma? Esta nueva Ley faculta a la Secretaría de Gobernación o la entidad equivalente en los estados y municipios como los responsables de auditar los gastos en comunicación social. La dependencia encargada de regular esos gastos también será quien se responsabilice de ofrecer asistencia técnica y evaluación de los programas, campañas, estrategias de comunicación social para la difusión de la información emanada de los órganos de gobierno, por lo que deberán elaborar un programa anual para dichos efectos que sean consistentes con el presupuesto asignado en el ejercicio fiscal correspondiente.

Y en ese contexto ¿cuál es el papel que juegan los medios de comunicación? Obliga a los medios a pertenecer al padrón de medios de la Secretaría de Gobernación si es que quieren ser partícipes de la contratación de publicidad y propaganda oficial, a cargo de la dependencia federal. A pesar de que el padrón de medios se viene manejando ya desde hace varios años, ahora anuncian que la información será de carácter público y accesible vía electrónica, cabe mencionar también que el empadronamiento de los medios, por si solo no garantiza que el gobierno los contrate para sus pautas publicitarias. Uno de los asuntos más polémicos es la regulación y la administración de los recursos, pues será la Auditoría Superior de la Federación la que realizará esta tarea en términos de lo dispuesto por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

La #LeyChayote anota que no se podrán destinar recursos presupuestarios para tiempos comerciales, a través de los medios de comunicación, siempre y cuando privilegien y hayan solicitado en primera instancia los tiempos de Estado y éstos no estuvieran disponibles. Además, las dependencias públicas no podrán convenir el pago de créditos fiscales, ni de cualquier otra obligación de pago a favor de la autoridad, a través de la prestación de servicios de publicidad, impresiones, inserciones y demás actividades en materia de comunicación social. Así los tiempos oficiales quedarían de la siguiente forma: al Poder Ejecutivo Federal se le asigna el 40 por ciento; Legislativo 30, 10 para el Poder Judicial, y 20 a los entes autónomos. Sin embargo, en casos de emergencia derivados de situaciones de salud, desastres naturales o de protección civil, se podrán difundir campañas de comunicación para mantener informada a la población.

En cuanto a las campañas electorales a nivel federal y local durante el periodo que duren y hasta la jornada electoral, se suspende la difusión de todas las pautas publicitarias en medios de comunicación. Las dependencias gubernamentales están obligadas a registrar ante la Secretaría de la Función Pública la información desglosada por partida presupuestal de las erogaciones causadas por gastos en campañas de comunicación social y hacerlos del dominio público. Cuando las autoridades federales, estatales o municipales cometan alguna de estas infracciones se dará vista al superior jerárquico y, en su caso, se presentará la queja ante la autoridad competente por hechos que pudieran constituir responsabilidades administrativas o las denuncias o querellas ante el agente del Ministerio Público, a fin de que se proceda en los términos de las leyes aplicables.

La semana pasada, la oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expuso al Senado, a través de una carta, seis observaciones. El organismo consideró que, en ese momento, la iniciativa no regula de forma clara y precisa el sistema en torno a la asignación y contratación de la publicidad gubernamental, lo que deja espacio para la discrecionalidad al dar libertad al ejercicio político y a la arbitrariedad. La oficina de la ONU estimó que la ley no establece ningún mecanismo para controlar el gasto actual, ya que los gastos en el ramo quedan a consideración de las autoridades ejecutivas, lo cual “mantendría el sistema de discrecionalidad en el gasto”, y no prevendría actos de corrupción o desvíos con el uso de los recursos. Señaló que la ley debía incorporar “el principio de no discriminación en el uso de los fondos públicos”, y explicó que, de acuerdo con la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando para la repartición de recursos se toman en cuenta las opiniones difundidas por los medios de comunicación o la afinidad política, puede considerarse discriminación y posible censura.

Llamó a considerar al público objetivo de la campaña debido a que “la población tiene derecho a ser informada adecuadamente de las actividades y servicios del Estado”, pero se omite los criterios para identificar si la publicidad informa de manera efectiva y si la información es de interés. El organismo señaló que no se definen sanciones claras y queda en manos de los superiores jerárquicos determinar si una queja procede, lo que “no da las garantías adecuadas para que haya investigaciones o sanciones sobre las infracciones a la ley”. Expresa que los estados “deben establecer mecanismos de control externo de monitoreo de la asignación de publicidad oficial” porque en la propuesta las contralorías dependen del Poder Ejecutivo, lo que cuestiona su autonomía. Con esta #LeyChayote, la Secretaría de Gobernación se establece como órgano adjudicatario de la propaganda y, por ende, se convierte en un instrumento de control político para los medios de comunicación.

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto gastó entre 2012 y 2017 más de 40 mil millones de pesos en publicidad oficial que fue a parar a grandes grupos de televisión, prensa y radio.

La #LeyChayote es la legalización de los viejos vicios en contratación de publicidad.

*Adrián Arévalo. Periodista con una sólida trayectoria fue editor en el Diario “Reforma” y ahora edita diversas publicaciones impresas y digitales.

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