Por: Redacción

A tres meses de la ola de manifestaciones en Nicaragua, que han cobrado la vida de casi 300 personas y mil 830 heridos (según cifras de la ONU, las organizaciones civiles aseguran que las víctimas mortales rebasan estos números), el gobierno de Daniel Ortega, no sólo se niega a dejar el poder, ahora pretende criminalizar las manifestaciones en contra de su administración